#INE | OTRO ESCÁNDALO EN EL INE: $6 MILLONES DE PESOS EN FACTURAS, CASAS PARA LOS HIJOS DE TADDEI Y VIAJES DE LUJO A EUROPA
Las nuevas grabaciones de José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del Instituto Nacional Electoral, exhiben presuntos beneficios para los dos hijos de Guadalupe Taddei, relacionados con negocios realizados con recursos públicos. Una red de empresas vinculadas al contratista obtuvo 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales y alrededor de mil 800 millones de pesos en contrataciones públicas durante la última década.
El nuevo escándalo que envuelve a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), continúa creciendo tras la difusión de tres nuevos videos presentados por Latinus, en los que José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de la empresa Cajas Graf, habla sobre contratos, presuntos acuerdos con funcionarios y beneficios que habrían recibido los hijos de la exconsejera presidenta.
Una de las revelaciones más delicadas aparece en el tercer video, donde Hernández Casillas asegura que los dos hijos de Taddei tienen propiedades gracias a los negocios realizados con el presupuesto del organismo electoral.
En la grabación se escucha decir textualmente:
“Los dos hijos tienen casa gracias a esto, los dos. Uno se fue a Europa y el otro cabrón vive como rey porque hubieron facturas de seis millones de pesos”.
La declaración coloca en el centro de la controversia una cantidad concreta: seis millones de pesos en facturas, que el propio empresario relaciona con los presuntos beneficios obtenidos por los hijos de Taddei.
Aunque el audio no demuestra por sí mismo que esos seis millones hayan sido utilizados directamente para comprar las propiedades, sí plantea interrogantes fundamentales sobre el origen, destino, justificación y beneficiarios de esas operaciones.
¿A qué servicios correspondieron esas facturas? ¿Quién autorizó los pagos? ¿Qué empresas participaron? ¿Existió una triangulación de recursos públicos para favorecer intereses particulares?
Casas, Viajes a Europa y una Relación Bajo Sospecha
Los nuevos señalamientos se suman a las grabaciones y fotografías difundidas anteriormente, en las que aparece Hernández Casillas conviviendo con integrantes de la familia Taddei.
853 Millones de Pesos en Licitaciones y Mil 800 Millones en Contrataciones Públicas
La dimensión económica del escándalo va mucho más allá de los seis millones de pesos mencionados en el audio.
Una investigación publicada por EL PAÍS este 29 de octubre documentó que una red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvo 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales, en procedimientos donde compañías relacionadas habrían simulado competir entre sí.
El mismo trabajo periodístico señala que esta estructura empresarial consiguió alrededor de mil 800 millones de pesos en contrataciones públicas durante la última década, con operaciones en 25 organismos electorales.
Entre las empresas mencionadas figuran Cajas Graf, Formas Finas, Seriplast y Corporativo Zeg.
Estas cifras no corresponden exclusivamente a contratos del INE, sino al conjunto de las contrataciones públicas atribuidas a la red empresarial investigada periodísticamente.
La gravedad radica en que los recursos destinados a garantizar procesos democráticos y servicios electorales podrían haber quedado expuestos a mecanismos de contratación irregulares y posibles conflictos de interés.
Los Videos También Exhiben Presuntos Acuerdos y Control de Plazas
Las otras dos grabaciones difundidas por Latinus muestran conversaciones de Hernández Casillas relacionadas con funcionarios del INE y la incorporación de personas de confianza en distintas áreas del organismo.
La Asf Debe Llegar Hasta las Últimas Consecuencias
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio ante los indicios de posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos del INE, incluidos posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
La investigación debe esclarecer quién autorizó los contratos, qué empresas recibieron los pagos, si los servicios fueron efectivamente prestados y si existieron beneficios particulares derivados de esas operaciones.
No basta con revisar expedientes administrativos. También es necesario investigar el posible destino de los recursos y determinar si existieron responsabilidades de carácter penal.
