• Durante la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde Salvador Molina Martínez reconoció que el municipio enfrenta una deuda millonaria relacionada con la obra de avenida Reforma, mientras la regidora Anita Sánchez Guerra exigió auditorías, comparecencias de funcionarios y transparencia en el manejo de los recursos públicos. También salieron a relucir cuestionamientos sobre el SOAPSC, el cobro del predial y las finanzas municipales.
La deuda de Cuautla, los pendientes financieros heredados de administraciones anteriores y los señalamientos sobre la falta de transparencia en distintas áreas del Ayuntamiento marcaron la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada este 12 de noviembre y encabezada por el presidente municipal Salvador Molina Martínez.
Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando el alcalde reconoció que el municipio enfrenta una deuda que actualmente asciende a 58 millones de pesos, relacionada con un préstamo solicitado durante la administración 2009-2012 para financiar la primera etapa de la avenida Reforma.
Molina Martínez aseguró que ese recurso no se destinó al propósito correspondiente y calificó lo sucedido como un robo. Explicó que 31 millones de pesos corresponden al adeudo principal y el resto a intereses, compromisos que calificó como prácticamente impagables para las actuales finanzas municipales.
El presidente municipal sostuvo que esta situación obligó a modificar el orden del día para retirar la discusión del presupuesto de egresos y los programas presupuestarios de 2027, debido a un requerimiento del Juzgado Séptimo de Distrito en Morelos, dentro del juicio de amparo 489/19 promovido por la empresa Torresa Construcciones S.A. de C.V.
El requerimiento judicial obliga al Ayuntamiento a acreditar las gestiones para contemplar el adeudo en la partida presupuestal del próximo ejercicio fiscal, por lo que el alcalde consideró necesario revisar y reajustar el proyecto de presupuesto.
Ante este escenario, Molina Martínez manifestó estar dispuesto a que su administración sea auditada, pero también pidió que se investiguen los gobiernos anteriores para esclarecer cómo se originaron los compromisos financieros que hoy afectan a Cuautla.
ANITA SÁNCHEZ EXIGE AUDITORÍAS DESDE EL AÑO 2000
La regidora Anita Marysol Ludmilla Sánchez Guerra aprovechó la discusión para exigir una revisión de las administraciones municipales comprendidas entre 2000 y 2026, al considerar que es necesario esclarecer las decisiones financieras que han llevado al municipio a enfrentar su actual situación económica.
Particularmente, pidió revisar la administración 2016-2018, a la que señaló por haber generado un endeudamiento superior a los 500 millones de pesos.
También solicitó que se transparente la documentación relacionada con la obra de avenida Reforma, incluyendo las actas de Cabildo, las empresas participantes, los procedimientos de licitación y las fianzas correspondientes, al cuestionar la calidad de los trabajos y el incumplimiento que atribuyó a la empresa encargada de la obra.
La regidora insistió en que las auditorías no deben limitarse a la administración actual, sino extenderse a los gobiernos anteriores para identificar responsabilidades y evitar que quienes hayan comprometido las finanzas municipales pretendan regresar a ocupar cargos públicos.
EXIGEN COMPARECENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERÍA
La falta de información y rendición de cuentas también generó diferencias entre los integrantes del Cabildo.
Anita Sánchez Guerra solicitó que comparecieran el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Emmanuel Nieto Sotelo, y el tesorero municipal, para explicar los señalamientos ciudadanos sobre presuntas irregularidades en la corporación policial y presentar información sobre el manejo de los recursos públicos.
La regidora recordó que el tesorero tiene obligaciones legales de informar periódicamente sobre el estado de las finanzas municipales, presentar los cortes de caja y reportar las partidas presupuestales, entre otras responsabilidades.
Además, pidió conocer el estado de las auditorías y denuncias presentadas por el Ayuntamiento desde mayo de 2026.
La propuesta para incorporar las comparecencias al orden del día fue rechazada por mayoría de votos.
Sin embargo, la síndica municipal Nancy Guadalupe Echeverría Guerrero respaldó la necesidad de que los titulares de Tesorería y Seguridad Pública sostengan mesas de trabajo con los integrantes del Cabildo, al señalar que existen dudas que requieren respuestas.
La síndica incluso manifestó que, al menos en su experiencia, el tesorero municipal no atiende las solicitudes de información de los integrantes del cuerpo edilicio.
Salvador Molina respondió que no tiene inconveniente en convocar a ambos funcionarios, aunque consideró necesario hacerlo con anticipación para que presenten la información correspondiente.
CUESTIONAN COBROS DEL PREDIAL Y FALTA DE TRANSPARENCIA
En asuntos generales, Anita Sánchez volvió a poner sobre la mesa presuntas irregularidades en la recaudación municipal, particularmente por las quejas ciudadanas sobre el cobro del impuesto predial exclusivamente en efectivo.
Solicitó que se explique quién determinó esta modalidad, por qué no existen alternativas electrónicas y qué mecanismos garantizan que la totalidad de los recursos recaudados ingrese correctamente a las cuentas municipales.
También cuestionó los criterios para otorgar descuentos a adultos mayores, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, al señalar que el límite de 850 mil pesos en el valor de los inmuebles podría excluir a personas que, pese a tener una propiedad de mayor valor catastral, enfrentan dificultades económicas.
La regidora consideró que el valor de una vivienda no necesariamente representa la capacidad económica de quien la habita y pidió revisar los criterios de aplicación de estos estímulos fiscales.
PIDEN TRANSPARENTAR MULTAS Y DESCUENTOS
Por su parte, la regidora Araceli Xixitla Zapotitla solicitó que se coloquen tabuladores oficiales y visibles con los costos de las infracciones de tránsito en las oficinas recaudadoras.
Asimismo, pidió revisar los descuentos aprobados por Cabildo en Catastro y Predial, debido a denuncias ciudadanas sobre presuntos incumplimientos en su aplicación.
Las solicitudes fueron turnadas a las áreas correspondientes para su atención.
La Séptima Sesión Ordinaria dejó sobre la mesa una serie de cuestionamientos que van más allá de los acuerdos administrativos: una deuda millonaria que compromete las finanzas de Cuautla, exigencias de auditorías a gobiernos anteriores, reclamos por la falta de información financiera y señalamientos sobre el funcionamiento de dependencias municipales.
Mientras el alcalde asegura estar dispuesto a transparentar su administración y revisar las deudas heredadas, las exigencias de algunos integrantes del Cabildo apuntan a una misma demanda: conocer dónde están los recursos públicos, quién tomó las decisiones que comprometieron al municipio y quién debe responder por ellas.
