• Un afectado denunció que la empresa “Grúas Osorio”, ubicada en el crucero de cuatro caminos en Jantetelco, le cobró 25 mil pesos por el arrastre y corralón de una combi robada y recuperada, negándose a entregar un recibo con desglose o factura
• La encargada del lugar exigió el segundo pago en efectivo tras recibir una transferencia inicial y condicionó la entrega con copias de la factura, argumentando que las órdenes del Ministerio Público no aplicaban por ser empresa privada
Pese a las múltiples denuncias por cobros excesivos de empresas de arrastre y salvamento, automovilistas continúan enfrentando abusos y presunta re-victimización al recuperar unidades siniestradas o robadas, como ocurrió recientemente en el municipio de Jantetelco.
El caso apunta a “Grúas Osorio”, cuyas oficinas y corralón operan en el crucero de cuatro caminos en Amayuca. De acuerdo con el testimonio del afectado, el pasado 29 de septiembre la empresa realizó un cobro de 25 mil pesos por el arrastre, traslado y 25 días de depósito de una combi del servicio colectivo de Cuautla que había sido robada y posteriormente recuperada por la policía municipal de Yecapixtla.
El trayecto del servicio comprendió desde la colonia Juan Morales, en Yecapixtla, hasta las instalaciones policiales y, de ahí, al corralón ubicado en Jantetelco. Inicialmente se había acordado cubrir el monto mediante dos transferencias electrónicas con tarjeta de crédito (de 15 mil y 10 mil pesos respectivamente) y la emisión de un recibo con desglose o factura con IVA. Sin embargo, tras realizar el primer depósito de 15 mil pesos, la encargada se retiró del lugar a bordo de una camioneta de lujo —presuntamente acompañada por el dueño— y ordenó vía telefónica que el pago restante se realizara estrictamente en efectivo.
Ante la negativa de aceptar transferencia para el segundo pago, el dueño de la unidad liquidó los 10 mil pesos en efectivo. No obstante, para liberar el vehículo, el personal exigió copia de la factura de la unidad pese a contar con un oficio de liberación con mandato judicial del Ministerio Público, manifestando de forma irregular que la empresa era privada y que las disposiciones ministeriales no tenían validez en el sitio.
Al solicitar el recibo con el desglose del servicio pactado previamente, el personal se negó argumentando falta de autorización. La situación escaló cuando el afectado intentó documentar los hechos con su teléfono celular, momento en el cual los trabajadores adoptaron una actitud agresiva y sacaron al acompañante de la oficina, aunque el agraviado logró registrar audios de las conversaciones.
Asimismo, durante el proceso se negaron a mostrar tabuladores o listas de precios autorizados, así como a entregar el inventario de la unidad o permitir el ingreso al corralón para verificar su estado, sacando el vehículo en grúa hacia la calle y señalando que el inventario debió proporcionarlo la fiscalía. Ante estos hechos, el afectado adelantó que interpondrá formal denuncia ante las autoridades competentes para frenar los abusos de estas empresas.
