• La presidenta afirmó que corresponde al Gobierno de Morelos explicar el operativo en Totolapan; Omar García Harfuch sostuvo que la liberación evitó una confrontación mayor y aseguró que el presunto delincuente no quedará impune.
Ciudad de México, 13 de octubre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión de liberar al "Güero Gym" presunto generador de violencia detenido durante un operativo en Totolapan, Morelos, respondió a la necesidad de proteger vidas ante el riesgo de una confrontación con civiles que se encontraban en las calles.
Durante la conferencia mañanera de este martes, la mandataria señaló que el operativo fue realizado por la Fiscalía General del Estado de Morelos y las autoridades estatales de seguridad, por lo que corresponde al gobierno de la entidad explicar las circunstancias de la detención, quién tomó la decisión de liberar al sospechoso y cuál fue el saldo de la intervención.
Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad federal se mantuvo en contacto con el gobierno morelense, pero aclaró que las autoridades estatales fueron las responsables de ejecutar el operativo y tomar las decisiones correspondientes.
La presidenta sostuvo que, cuando existen vidas en riesgo, las autoridades pueden optar por evitar una confrontación y preparar posteriormente otra intervención para detener al presunto delincuente.
HARFUCH ASEGURA QUE EL PRESUNTO DELINCUENTE SERÁ DETENIDO
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que, de acuerdo con la información preliminar proporcionada por el Gobierno de Morelos, los agentes no realizaban un operativo específicamente dirigido a detener al sospechoso.
Detalló que el personal acudió a efectuar diligencias del Ministerio Público para recuperar unos inmuebles y que, durante esas acciones, encontró al individuo en flagrancia, por lo que procedió a detenerlo, resultó ser José David "N" alias el "Güero Gym".
Sin embargo, tras la intervención se registró una situación de tensión con civiles, lo que llevó a las autoridades estatales a decidir la liberación del detenido para evitar una confrontación mayor.
Harfuch reconoció que el despliegue policial no contaba con el suficiente estado de fuerza ni con el acompañamiento del Gabinete de Seguridad federal. No obstante, afirmó que la liberación no significa que el sospechoso vaya a quedar impune.
“Lo vamos a detener”, aseguró el funcionario al referirse al presunto integrante de la organización criminal identificada como Pueblos Unidos.
DESCARTAN OPERATIVOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL
Ante los cuestionamientos sobre el respaldo de algunos sectores de la población a grupos delictivos, el secretario aclaró que las autoridades no emprenderán acciones contra la ciudadanía por el simple hecho de encontrarse en el lugar.
Explicó que las detenciones deben dirigirse contra quienes cometen delitos y precisó que, si una persona agrede o lesiona a un agente, puede ser detenida en flagrancia por esa conducta.
Como antecedente, recordó el operativo realizado en la comunidad de La Esperanza, Puebla, contra el robo al transporte, donde, después de anteriores episodios de retención de agentes, se efectuó una nueva intervención con una planeación más robusta y mayor respaldo del Gabinete de Seguridad.
Respecto a la organización Pueblos Unidos, Harfuch señaló que los grupos criminales suelen estar relacionados con delitos como extorsión, robo de vehículos, homicidio y venta de drogas.
MORELOS DEBERÁ EXPLICAR LO OCURRIDO
Sheinbaum reiteró que el Gobierno de Morelos deberá presentar la explicación completa sobre el operativo y las decisiones adoptadas. También sostuvo que, aunque evitar la pérdida de vidas es prioritario, las autoridades deben trabajar para impedir que el presunto delincuente quede sin consecuencias legales.
La declaración federal se produce después de que la Fiscalía de Morelos confirmó la entrega del detenido para conseguir la liberación de tres colaboradores de la institución que habían sido retenidos.
El caso abre cuestionamientos sobre la planeación de los operativos, la coordinación entre autoridades estatales y federales y la capacidad institucional para ejecutar órdenes de detención sin ceder de manera permanente ante las presiones de grupos criminales.
