Esta reforma constitucional distingue el derecho a la vivienda del derecho a la propiedad, ampliando su alcance para garantizar un lugar seguro para vivir.
Se incorpora el concepto de arrendamiento social, que otorga derecho de preferencia a los trabajadores que aportan a un fondo transparente y legal, eliminando la especulación inmobiliaria.
«Buscamos equidad y justicia, beneficiando a quienes necesitan vivienda accesible y asequible.», expresó la Senadora Juanita Guerra Mena.
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